Mientras las Naciones Unidas alertan al mundo por la posible desaparición de 18 pueblos indígenas en Colombia, las comunidades del Norte del Cauca reclaman con caucheras y bastones de mando para que el Estado les entregue la tierra que les prometió como indemnización por la masacre de El Nilo. El costo de estas luchas es alto y ya deja decenas de nativos heridos y varios muertos.

Por: Kevin Alexis García, Carolina Abadía / Fotos: Andrea Mesa Villegas 

Una fría mañana de diciembre de 1991 alrededor de 50 indígenas del norte del Cauca recibieron la orden perentoria de retirarse de la hacienda El Nilo, lugar donde cumplían cuatro años resistiendo para que el Incora comprara los predios y redistribuyera las tierras. La dueña, cansada de esperar la propuesta gubernamental, había vendido la propiedad a la sociedad antioqueña Tierrablanca y ésta exigía de inmediato la retirada de los nativos.

De los resguardos de Lopezadentro y Pilamo bajaron indígenas hasta El Nilo para acompañar a los ocupantes y tranquilizarlos frente a las advertencias para que se retiraran en menos de 24 horas o asumieran las consecuencias. Esa noche los nativos paeces comieron y se dijeron palabras de confianza para mermar el susto. Pero las amenazas se cumplieron y en la madrugada del 16 de diciembre se escucharon varios disparos en la parte alta de la hacienda. Algunos indígenas corrieron desbordados entre los matorrales, como Rafael Coicué, un joven menudo de 18 años que se fugó entre una quebrada. Su hermano Darío no tuvo la misma fortuna y fue tendido en el suelo y silenciado con un tiro en la espalda. Otros 19 indígenas corrieron la misma suerte.

Desde entonces, las comunidades indígenas del Cauca, fortalecieron su causa. Así lo venían haciendo desde 1970, luego que decidieran organizarse para exigir la devolución de sus terrenos y la garantía de sus derechos fundamentales. Comprendieron que la única forma de que el gobierno los escuchara, sería ocupando los predios de terratenientes y presionando al Incora para que los negociara. Sólo veinte años después y gracias a la constitución del 91, el Estado reconoció la condición pluriétnica y pluricultural de Colombia.

Pero, fue gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que el Estado reconoció una indemnización social por la masacre de El Nilo, con la adjudicación de 15.663 hectáreas para los indígenas a entregar entre 1992 y 1994.  A más de una década y tras continuas protestas, el Estado aún no cumple a cabalidad con la indemnización.  

Memoria del desarraigo

Mientras sus luchas, como bloqueos y protestas, son informadas en algunos medios de comunicación en contextos desleídos y casi vandálicos, la comunidad indígena del norte del Cauca poco tiene de improvisada. Por el contrario, han consolidado fuertes procesos comunitarios de comunicación, salud, cohesión social, y, a pesar de que no han recibido ningún auxilio del gobierno para el manejo de sus terrenos, han diseñado un plan de preservación para la diversidad y la subsistencia. Ven la lucha más allá de una posible rentabilidad económica; es una cosmovisión, la tierra es vista como un territorio con poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas que reproducen sus culturas y aportan al país y al mundo agua, aire, seguridad alimentaria, recursos renovables y no renovables. 

Rafael Coicué, metáfora de un pueblo

A Rafael se le vio en Bogotá, en diciembre de 2007, recibiendo el Premio de Periodismo de la revista Semana al mejor proceso comunitario. Hacía parte del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas. De piel cobriza, estatura corta y bigotes delgados,  Rafael inquietaba por esa malicia indígena de su mirada y por su gran capacidad para opinar sobre los problemas del país. Por eso hoy, cuando se acerca por un camino de Guabito, Corinto, con su rostro triste y sus ojos cubiertos por unas gafas oscuras y enormes, parece otra persona.

El 4 de julio  un grupo Nasa se enfrentaba con el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía por la ocupación de la hacienda La Emperatriz, ubicada en la zona rural de Caloto, en la vía Panamericana. Rafael Coicué, capitán del resguardo de Lopezadentro, encargado de organizar la logística y convocatoria de una audiencia pública en Corinto, iba en su moto por la carretera y llegó a la zona de la confrontación cerca de las nueve de la mañana.  “Esperé a que pasara un poco la pelea y me dirigí a Santander a ultimar detalles de la audiencia de Corinto”.

De regreso por la misma carretera y creyendo estar a salvo, notó que se encontraba en medio del enfrentamiento. “La tanqueta se vino hacia mí echando agua, mientras los antimotines disparaban unos gases recalzados, que llenan de puntillas, vidrio y balines. De pronto sentí como un quemón en la vista, cuando me mandé la mano, vi sangre y un líquido como blanco. Esa bala me entró, me destruyó el nervio óptico, pasó al otro lado y se alojó en la parte posterior del cráneo”. Ese día Rafael Coicué perdió su ojo izquierdo y se sumó a la lista de heridos severos que deja esta lucha.

Mientras la policía retiraba los agentes heridos por las caucheras indígenas, los gastos médicos de Rafael fueron asumidos por la comunidad paez, pues por la perpetración  nadie responde. Esta vez sólo perdió un ojo, no como en el 91, cuando su hermano Darío fue asesinado con 19 indígenas más. “Después de la muerte de mi hermano aprendí lo que era la resistencia porque estaba un poco desubicado, comencé a entender y a luchar por la liberación de la madre tierra”. Como Rafael, en los últimos años alrededor de 25 nativos han recibido lesiones severas durante los procesos de ocupación de territorios o “liberación de la tierra”. Los nativos denuncian que en los enfrentamientos la policía Anti Disturbios recalza con balines y tornillos sus bombas lacrimógenas, denuncia que es negada por esta institución.

Una advertencia por la vida

Bruno Moro, representante en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha llamado la atención del mundo por la “emergencia humanitaria” y posible desaparición de 18 pueblos aborígenes de  nuestro país, ubicados, especialmente, cerca al Amazonas. Pero no sorprende esta advertencia cuando se comprende que Colombia fue la única nación latinoamericana que no votó favorablemente la Declaración mundial de la ONU para proteger a los indígenas. Ésta ofrece garantías a más de 200 millones de personas del planeta en temas como autonomía, autogobierno, territorios tradicionales y prácticas religiosas. El gobierno colombiano se abstuvo de votar con el argumento de que no se incluyeron algunas precisiones en temas como el ingreso de militares a las zonas de nativos y la autonomía territorial de estos pueblos. Sin embargo, la Declaración fue acogida por 143 países de todo el mundo.

Las promesas incumplidas

Los hechos acaecidos en el predio de El Nilo llevaron a que la comunidad indígena paez se organizara y exigiera al gobierno, respuestas y justicia. El 23 de diciembre, el Estado colombiano en cabeza del presidente César Gaviria, reconoce la responsabilidad de algunos miembros de la fuerza pública en la perpetración de la masacre. Con la entrega de 15.663 hectáreas de tierra plana, la reparación a las víctimas y en general a la comunidad Nasa, estaría completa. Sin embargo, en 1996, ante el incumplimiento estatal, la comunidad Nasa denuncia la masacre de los comuneros indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ratifica la obligación del gobierno de compensar a los Nasa. Diecisiete años después, de ese compromiso territorial sólo se ha entregado el 50% de las hectáreas, en terrenos de ladera con erosión severa.

En 1998, el presidente Ernesto Samper, en acto público, pide perdón a las comunidades indígenas del Norte del Cauca por el incumplimiento y el olvido al que fueron condenadas por parte del Estado y suscribe el Acuerdo 982 en el que no sólo reafirma la entrega de tierras planas, sino presupuesto para el desarrollo de proyectos de educación y salud en los resguardos paeces. El presidente Pastrana retomaría el compromiso asumido por el gobierno anterior, destinando anualmente entre mil y dos mil millones de pesos a la compra de tierras.

En el gobierno de Uribe el proceso de compra de tierras se detiene. El argumento: los paeces ya tenían mucha tierra y el gobierno no poseía los recursos para la compra de predios. Pero la realidad Nasa exponía otra cosa, como lo cuenta Rafael: “Hasta el año 2002 se habían comprado alrededor de 9000 hectáreas, las cuales ya estaban posesionadas por la comunidad indígena hacía 20 años. Ellos sólo las legalizaron. Nosotros reclamamos tierras nuevas en la parte plana y no en la parte alta, pues existen miles de familias paeces sin una hectárea de tierra”.

En 2005 los cabildos indígenas del Norte del Cauca, cansados de esperar una respuesta y de reclamar lo convenido inician el proceso de liberación de la madre tierra, en la hacienda La Emperatriz. Alrededor de 1000 paeces ocupan pacíficamente los predios durante esa primera semana de septiembre, en la que no faltó la confrontación con la policía. 35 paeces fueron heridos y 16 más judicializados.

Finalmente, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega junto a las autoridades indígenas reconoce el 13 de septiembre, los acuerdos firmados en los anteriores gobiernos, comprometiéndose a que en un término de dos años, el Estado compraría las hectáreas restantes de las 15.663 prometidas en el 91. En la actualidad el gobierno sigue sin cumplir en su totalidad la indemnización para estos pueblos del Cauca. 

La tierra prometida

Más allá de la información brindada cotidianamente por los medios, los Nasa liberan a la madre tierra por un compromiso ancestral. La situación actual del campo indigna a los paeces. Mientras la concentración de la tierra está en manos de pocos propietarios, afros, campesinos e indígenas de Colombia luchan en sus pequeñas parcelas por conseguir el sustento diario para sus familias. En el caso del Norte del Cauca, Incauca, Smurfit Cartón de Colombia y toda una serie de multinacionales han adquirido grandes extensiones de tierras planas para la producción de caña de azúcar, pino, eucalipto, palma africana y para la extracción de minerales. La sobreexplotación de los suelos preocupa a los indígenas paeces, quienes ven cómo importantes nacimientos de agua de la cordillera son contaminados  y desviados para la irrigación de cultivos. 

“La tierra hoy está en pocas manos, reservada en gran parte para la producción de agrocombustibles. No es casualidad que estemos ante la escasez de alimentos. Los Nasa reclamamos el derecho de protegerla, a una reforma agraria justa y equitativa para los sectores menos favorecidos del país, el cumplimiento de los acuerdos y promesas realizados por el Estado. No podemos acabar con la vida y seguir atacando a nuestra madre” dice Rafael, con aire pausado y profunda convicción.

De las tierras liberadas y legalizadas por el Estado, el 82% es de vocación forestal, lo cual no permite el desarrollo de la producción agropecuaria. Lo correspondiente a tierras planas llega a un 12% sin capacidad de expansión y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ha dicho que las 13.500 familias de la región necesitan 39 mil hectáreas más para sobrevivir.

Con las tierras liberadas, los Nasa han iniciado la recuperación y conservación de nacimientos de agua para la biodiversidad; los resguardos trabajan en la puesta en marcha de proyectos agroproductivos comunitarios. Rafael se cubre su ojo y nos cuenta que las liberaciones seguirán, sin importar que se acuse a su comunidad de estar manipulada por fuerzas externas. Para los Nasa, la libertad del territorio es el nacimiento de la libertad de los pueblos.

Página realizada por Kevin García. Diseño inspirado en Culture on the edge. 2007